Las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional que asumió en diciembre del año pasado han provocado una severa crisis tanto en las Universidades nacionales como en el sistema científico y tecnológico introduciendo un panorama sombrío, especialmente, en el quehacer de las disciplinas humanísticas y sociales en general y de la Historia en particular. Más de una vez se ha llamado la atención sobre las implicancias más inmediatas de este tipo de políticas: reducción de becas que aseguran la formación de excelencia de jóvenes profesionales para el ejercicio de la docencia e investigación, desaliento de vocaciones científicas, emigración de jóvenes de alta calificación, congelamiento de carreras académicas y desfinanciación de grupos e institutos de investigación.
Las medidas implementadas recientemente han ejercido un impacto negativo en las condiciones materiales del ejercicio de la investigación social e histórica. La desafección de personal experto o administrativo en institutos, archivos y bibliotecas públicas obstruye el regular acceso a los mismos, y en el peor de los casos, interrumpe procesos de modernización y puesta en valor de fondos o colecciones documentales indispensables de las prácticas de historiadores y cientistas sociales, bloquea instancias cruciales de acceso ciudadano a la información y atenta contra la misión de dichas instituciones de servir a la comunidad y preservar el patrimonio cultural y científico del país.
El progresivo desmantelamiento de instituciones como la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica constituye un acontecimiento particularmente preocupante por el papel crucial que ha jugado en las últimas décadas en el sostenimiento de la investigación científica básica y aplicada como en el desarrollo de instrumentos de vinculación y transferencia con el sector público y organizaciones de la sociedad civil. Otras disposiciones tomadas en los últimos días han afectado también el funcionamiento de organismos culturales de prestigio nacional e internacional a raíz de las cesantías masivas de las que han sido víctimas, incluso, especialistas que habían accedido por concursos a sus cargos y que han sido desplazados sin que mediaran objeciones a su gestión.
Desde el 10 de diciembre asistimos a un proceso inédito de desfinanciamiento del sistema científico y universitario que, incluso, ha puesto en serio riesgo la continuidad de su funcionamiento. Ha profundizado, además, la caída de los salarios tanto de investigadores, técnicos y administrativos como de los docentes del nivel superior. Las restricciones presupuestarias impactan asimismo, de manera directa e indirecta en los institutos de investigación limitando gravemente su funcionamiento cotidiano. Entre otros aspectos, estas medidas ponen en serio peligro la continuidad de revistas académicas de alto impacto en nuestras disciplinas y el trabajo de las editoriales universitarias y sellos o empresas editoriales independientes afectando con ello la proyección y circulación nacional e internacional de la producción científica producida en el país, y restringiendo las posibilidades de comunicar y democratizar el conocimiento histórico y social.
El sistema científico y las universidades nacionales son hoy el blanco de cuestionamientos radicales impulsados también desde el gobierno nacional, que plantean interrogantes incluso sobre los modos de su supervivencia en los próximos años. Por otra parte, si bien no es la primera vez que las humanidades y las ciencias sociales han sido objeto de ataques, resulta ineludible incitar a la reflexión sobre los alcances últimos de su eventual postergación en el conjunto del sistema científico y universitario nacional en tanto en ellas abrevan las principales claves de compresión de la cultura histórica y la cultura política.
Una arcaica distinción entre ciencias útiles e inútiles, productivas e improductivas, sirve de fundamento al direccionamiento de los fondos de financiamiento públicos. Las segundas no verían vedada su existencia pero, según esta visión, tendrían negado el acceso al sostenimiento estatal por expresar meramente intereses o goces privados o minoritarios de escaso impacto social. Una rápida mirada hacia lo que sucede en otros sistemas públicos más allá de nuestras fronteras (y en países que se señalan como modelos a seguir) nos advierte que tal distinción entre ciencias productivas e improductivas no se verifica en los hechos. En estos países, la producción y circulación de saberes, conceptos y marcos interpretativos de las humanidades y ciencias sociales no solamente reciben un sustancial apoyo de los organismos estatales sino que son considerados centrales en el debate público.
ASAIH manifiesta su apoyo y acompaña las protestas, reclamos y acciones realizados por el Directorio del Conicet y por el Consejo Interuniversitario Nacional en defensa del sistema científico nacional y la universidad pública y reivindica el papel de la investigación rigurosa y de calidad en el campo de las humanidades y ciencias sociales como herramienta fundamental en la construcción de una sociedad pluralista, abierta, tolerante y democrática.